Es hora de que España y Puerto Rico aprovechen esta Oportunidad Histórica

CONTRIBUCIÓN

Javier Díez Gabarda

En una reciente comparecencia ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la representante del movimiento «Adelante Reunificacionistas» de Puerto Rico solicitó una solución de reunificación pactada entre los Estados Unidos, España y Puerto Rico. Esta propuesta, lejos de ser una quimera nostálgica, se fundamenta en sólidos argumentos históricos y jurídicos que merecen una reflexión seria y profunda.

La situación de Puerto Rico bajo el control de los Estados Unidos ha sido cuanto menos poco fiel a las ideas de prosperidad y libertad patrocinadas por «el tiburón» (Rubén Blades y Willie Colón, Tiburón, álbum: Canciones del solar de los aburridos, 1981). La isla, desde su anexión en 1898 tras la Guerra Hispanoamericana, ha sido sometida a un estatus colonial disfrazado de «Estado Libre Asociado». Esta denominación es un eufemismo que oculta la realidad de una dependencia económica y política casi total de Puerto Rico.

Los puertorriqueños carecen de representación plena en el Congreso de Estados Unidos y no pueden votar en las elecciones presidenciales, lo que los deja sin voz en las decisiones que afectan directamente a su futuro.

Dicho de otro modo, este proceso, lejos de ser un acto de liberación, fue una maniobra de colonización encubierta.

La economía de Puerto Rico ha sido asfixiada por leyes federales estadounidenses que no se adaptan a la realidad puertorriqueña, sumiendo a la isla en una crisis perpetua. Un ejemplo claro fue la Ley de Cabotaje de 1920, la cual obliga a que todas las mercancías transportadas entre Puerto Rico y el continente norteamericano se realicen en barcos estadounidenses, lo que incrementa significativamente los costos de importación y exportación. Otros casos como el huracán María en 2017 y la respuesta tardía e insuficiente del gobierno estadounidense son ejemplos que constatan esta situación, subrayando la falta de compromiso con el bienestar de la isla.

Tampoco podemos obviar el habitual trato por parte de la sociedad yankee hacia los puertorriqueños que habitan -e hispanos en general- en Estados Unidos, el cual refleja un racismo estructural considerándolos de facto ciudadanos de segunda clase. Esta estigmatización no sólo se traduce en discriminación social, sino también en políticas que limitan sus oportunidades paradesarrollarse en libertad e igualdad de oportunidades.

Es evidente que la administración estadounidense ha fracasado en su promesa de mejorar las condiciones de vida en Puerto Rico.

A su vez, la Leyenda Negra, motivada por los intereses anglosajones, franceses y holandeses en las Américas ha jugado un papel crucial en la percepción negativa de la presencia e influencia española en América. Este mito, ha sido utilizado para justificar la intervención y dominación estadounidense en territorios hispanoamericanos. La realidad es que, bajo la Corona Española, Puerto Rico disfrutó de un nivel de autonomía y respeto cultural que ha sido erosionado bajo el dominio estadounidense.

La intervención de Estados Unidos en los asuntos de sus vecinos del sur ha sido constante, desde la Doctrina Monroe en el siglo XIX hasta las recientes políticas intervencionistas en Venezuela y otros países.

Estos actos han buscado, y en muchos casos logrado, desestabilizar gobiernos y promover intereses económicos estadounidenses, a menudo en detrimento de la soberanía y la identidad cultural de los países afectados.

La petición ante la ONU para considerar la reunificación de Puerto Rico con España se apoya en principios jurídicos sólidos. Según el derecho internacional, el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, permite a los puertorriqueños decidir su propio destino. Además, el caso de Puerto Rico cumple con los criterios establecidos por la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de la ONU, que define las opciones para la descolonización, incluida la libre asociación o la integración con otro Estado, siempre que sea una decisión libre y democrática -este asunto daría para una antología-.

Desde el enfoque económico, habría que apreciarlo como una oportunidad para ambos. La reunificación de Puerto Rico con España podría ofrecer ventajas significativas: Puerto Rico tiene un potencial económico significativo, especialmente en sectores como el turismo, la biotecnología, la agricultura y las energías renovables. Integrarse en la economía de la Unión Europea a través de España podría abrir nuevas oportunidades de inversión y desarrollo. España, por su parte, podría beneficiarse de los recursos naturales y humanos de Puerto Rico, fortaleciendo su posición económica y estratégica en el Caribe.

La reunificación también podría suponer una revitalización cultural y social para Puerto Rico, que recuperaría su identidad y nacionalidad españolas, así como retomar esa unión que parte ya con una exitosa historia común.

Senadores Provincia de Puerto Rico, España: 1871-1898

Diputados Provincia de Puerto Rico, España: 1809-1898

Jurídicamente, la integración de Puerto Rico en España podría basarse en precedentes históricos de integración territorial y en los marcos legales europeos. La situación de Puerto Rico es similar a la de territorios no europeos como las Islas Canarias, que disfruta de un estatus especial dentro de la Unión Europea. En el ámbito interno español, Puerto Rico debería ser una región homóloga al resto de las que conforman a día de hoy nuestro país, es decir, no sería un territorio de ultramar al estilo francés, mucho menos un estatus similar al que tiene hoy con EE.UU, sencillamente conformaría una región más, con idénticos derechos a los del resto de ciudadanos españoles, de los que formarían parte de forma natural. Esta integración reforzaría la cohesión territorial de España y su proyección internacional.

La situación actual en Puerto Rico refuerza la necesidad de considerar seriamente esta propuesta. Una nación próspera busca la unión y la cohesión, no la segregación. Es hora de que España y Puerto Rico aprovechen esta oportunidad histórica para avanzar juntos hacia un futuro de prosperidad y dignidad compartida.