La restauración del poder absoluto de Fernando VII, en 1814, trajo consigo cambios significativos en las relaciones de España con sus dominios en América. El Rey tenía un profundo interés en aislar a Puerto Rico de la corriente revolucionaria y asegurar su adhesión, además de aumentar la riqueza para que así el Estado fuese más poderoso. Afirmando que Puerto Rico merecía sus atenciones y amor paternal por su lealtad y fidelidad, el Rey solicitó al Gobernador Salvador Meléndez Bruna un informe de las medidas más favorables para dar a los habitantes de la Isla un nuevo impulso a la propiedad y bienestar, a través del fomento de la población, agricultura, industria y comercio.[1]
En abril de 1815, Don Miguel Hernáiz entregó el informe al Rey y el Ayuntamiento designó a Manuel Ledesma como apoderado en la Corte para darle seguimiento a los asuntos de la Isla. El 10 de…
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